Una palabra, dos sistemas jurídicos

Su contrato en inglés dice una cosa. La traducción al español puede significar algo muy distinto.

Porque en derecho, una sola palabra mal traducida puede cambiarlo todo.

Cada día, contratos se traducen con Google Translate, DeepL o con un asistente de IA. El resultado aparece en segundos, parece perfectamente correcto y nadie lo cuestiona. Hasta que alguien lo hace.

Tras veinte años de experiencia en el ámbito de los negocios internacionales, trabajando con contratos y preparando licitaciones públicas multilingües, he visto cómo un error de traducción puede deshacer meses de trabajo. Lo que aprendí es esto: un término jurídico puede ser gramaticalmente correcto y jurídicamente incorrecto. El objetivo no es trasladar palabras, sino encontrar el concepto jurídico equivalente en otro sistema legal. Y eso sigue siendo una tarea humana.

Dos sistemas jurídicos, un documento

Antes de traducir una sola palabra, el traductor debe entender de qué sistema legal procede el documento y en qué sistema debe funcionar la traducción.

Los contratos redactados en inglés suelen regirse por el common law: un sistema basado en precedentes, jurisprudencia e interpretación judicial. En cambio, el derecho español pertenece al derecho civil de tradición romana, donde las normas están codificadas y los términos tienen significados definidos por la ley.

No son caminos paralelos. Son formas distintas de pensar el derecho. Un concepto que existe en el common law puede no tener equivalente exacto en el derecho español. La primera tarea del traductor es comprender qué significa el término original en su contexto jurídico y encontrar su equivalente funcional en el sistema de destino, no su traducción literal.

Una máquina busca la correspondencia estadísticamente más probable. En el ámbito jurídico, la palabra más frecuente rara vez es la correcta.

Un término, varios sentidos

Pensemos en la palabra inglesa resolution. En un contrato, puede referirse a cosas muy distintas según el contexto. Una traducción automática puede ofrecer una solución que suena razonable, pero en derecho eso no basta.

• Resolución del contrato. Remedio frente al incumplimiento de una de las partes, regulado en los artículos 1124 y siguientes del Código Civil.
• Desistimiento. Terminación unilateral del contrato cuando la ley o el propio acuerdo lo permiten, habitual en determinados contratos de duración continuada.
• Mecanismos de solución de controversias. Aquí resolution no significa terminar el contrato, sino resolver disputas derivadas de él.
• Resolución societaria o acuerdo formal. En contextos corporativos, resolution puede referirse a una decisión formal adoptada por un órgano, como un consejo de administración o una junta.

Cada uno de esos usos pertenece a un ámbito distinto. Si se traduce resolution como rescisión o como una simple resolución sin matizar el contexto, el texto puede decir algo jurídicamente distinto de lo que realmente pretende decir.

Rescisión no es lo mismo

Conviene distinguir, además, entre resolución, rescisión y desistimiento. En el derecho español no son sinónimos, y su uso incorrecto puede generar confusión.

La resolución suele vincularse al incumplimiento contractual.
La rescisión se reserva para supuestos concretos previstos por la ley.
El desistimiento responde a una facultad de una de las partes para poner fin al contrato cuando así lo permite la norma o el propio acuerdo.

Por eso, cuando una traducción mezcla estos términos sin criterio jurídico, no solo pierde precisión: puede alterar el efecto del contrato.

Lo que implica una traducción jurídica profesional

Antes de traducir una sola frase, analizo el contexto jurídico: qué jurisdicción rige el contrato, qué tipo de relación regula y qué consecuencias tiene cada término clave. Ese trabajo previo lleva tiempo, y ese tiempo protege los intereses del cliente.

Después, analizo el documento concepto por concepto. Para cada término, identifico qué significa en el sistema de origen y cuál es su equivalente funcional en la legislación española. A veces existe una correspondencia clara. Otras veces no, y el traductor debe elegir el término más cercano y advertir la diferencia para que el asesor jurídico la valore expresamente.

La traducción automática ignora ese proceso. Produce un texto fluido, de fácil lectura, pero puede ser jurídicamente incorrecto de formas que solo se hacen visibles cuando el contrato se aplica o se impugna.

En derecho, fluidez no equivale a corrección. Y en un contrato, esa diferencia tiene consecuencias.

Un contrato que funciona en Londres tiene que funcionar igual en Madrid. Eso no se resuelve con fluidez. Se resuelve con conocimiento de ambos sistemas y con la decisión correcta sobre cada término.